Las consecuencias de las decisiones políticas en el área de la salud son responsabilidad de la Administración, tanto estatal como autonómica, y aunque los médicos nos esforcemos en minimizar sus efectos en la atención sanitaria que prestamos, debemos también denunciarlos y tratar de evitar que nuevas acciones agraven aún más la situación, ya de por sí delicada.
A este respecto queremos resaltar algunas consecuencias que pudieran darse de llevarse a término la actual OPE, tal y como está planteada por el SCS, después de más de 10 años sin convocarlas.
La normativa para no cubrir todas las plazas vacantes, el aumento de la edad de jubilación, la escasez de plazas de formación MIR, y la demora en la aprobación de una nueva legislación sobre especialidades médicas y áreas de capacitación (superespecialidades) ha dado lugar a que los servicios médicos hospitalarios, con una alta tasa de eventualidades e interinidades (50%, y en algunos servicios más), hayan tenido que adaptar su estructura para responder a los nuevos conocimientos, creando áreas de “superespecialidades” médicas, ocupadas por facultativos sin plaza fija en los hospitales.
Al poner en marcha una OPE en nuestra comunidad autónoma sin contemplar esta circunstancia se pueden desestructurar muchos servicios, pudiendo ocurrir que en algunos hospitales coincidan muchos “superespecialistas”, y en otros desaparezcan estos servicios, con las graves consecuencias para los pacientes, además de otros perjuicios de conciliación familiar y laboral de los trabajadores. Desestabilizar a familias enteras que llevan asentadas en una ciudad y provincia concreta desde hace años y perjudicar a colectivos de pacientes no es la solución, en estos años la vida ha continuado y los servicios médicos no han podido esperar a que los gobiernos previos sacaran oposiciones. ¡ No nos merecemos esto ahora !
Esto que es una circunstancia casi exclusiva del personal facultativo, se puede agravar aún más si no se equilibran las plazas ofertadas en los hospitales de Tenerife, sacando a concurso muchas más plazas en unos que en otros, y realizando una convocatoria de OPE por gerencia única.
Que las leyes actuales que afectan a este asunto no están adaptadas a los nuevos modelos, es palmario; que las OPES deben ser anuales también, a ver si de está vez les queda claro a la clase política.
Nos preguntamos: ¿Cómo funciona esta normativa de oposición para los funcionarios públicos, cuando se apruebe la nueva normativa de especialidades y áreas de capacitación que según el Ministerio de Sanidad está a punto de ponerse en marcha?
La elaboración de leyes y diferentes normativas son responsabilidad de los políticos que ostentan cargos en los distintos niveles de la administración, pero también es su responsabilidad resolver los problemas que provocan ciertas decisiones precipitadas.
Nos enfrentamos a una nueva OPE en el SCS que puede desestructurar parcialmente la asistencia sanitaria, y nuestros políticos no son capaces de ofertar soluciones adecuadas. No nos sirven las disculpas de que fueron los anteriores, que si bien es verdad, no nos soluciona los perjuicios actuales y futuros. Que por cierto, el anterior director del servicio ocupa un cargo destacado en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que arregle los descalabros que ha ocasionado, es una responsabilidad de la Administración Autonómica.
Es bueno que exista una mayor proporción de profesionales con plaza fija, pero se deben contemplar las circunstancias a las que nos han llevado todos estos años de irresponsabilidades de anteriores gobiernos que no convocaron aposiciones cuando tenían que hacerlo. Ahora es obligación del actual Gobierno buscar soluciones factibles, no parches y paños calientes.
Los médicos estamos hartos de irresponsabilidades. Los actuales gestores tienen la oportunidad de empezar a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes.
Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Tenerife